Por: José María Barbado
06/febrero/2020
Tenía veinticinco años, y fui iniciado muy tarde en la comprensión de la realidad social y política, porque como todo el mundo, me eduqué bajo el régimen franquista y porque mi padre me ocultó su pasado y sus ideas republicanas y socialistas por estar vigilado especialmente por el régimen como un rojo que se les había escapado de las manos y había llegado a ser inspector de educación. Pero creo que en pocos años aproveché el terreno perdido y me puse al día. Y digo que no voté la constitución porque, entre otras cosas, no recogía el derecho de autodeterminación de los pueblos de España, además de que llegué a entender que el estado de las autonomías fue creado como una componenda para diluir la realidad nacional de algunos territorios que conforman lo que llamamos España, que no es lo mismo una descentralización administrativa que una autonomía política… bueno, tampoco me gustaron las referencias que en el texto se hace a la iglesia católica… y la ambigüedad de que todo el mundo tiene el derecho al trabajo o a una vivienda digna, a sabiendas de que el estado no va a cumplir con la obligación que conlleva esta aseveración.
Pero centrándonos en lo que estos días acapara el interés de toda la sociedad española, el intento de secesión por parte de un amplio sector de la sociedad catalana, podría decirse que de aquellos polvos vienen estos lodos. La configuración del estado de las autonomías se ve que solo ha servido para acallar un tiempo las pretensiones de una gran parte de la sociedad catalana. La historia nos muestra que no es ésta la primera vez que se intenta desde que, en tiempo de los Austrias, incluso antes, a pesar de mantener vigentes sus instituciones y su idioma, han ambicionado poder asumir su propio gobierno. En el siglo XVII lo intentaron también, junto con Portugal; Portugal triunfó y hoy es un país soberano reconocido por todos. Desde el borbonazo de principios del siglo XVIII tras la guerra de sucesión, los catalanes no han dejado de aprovechar la ocasión propicia para volver a la carga. La última fue la proclamación de la república catalana de Maciá.
Yo no soy partidario de la segregación de Cataluña; si me apuran, preferiría lo contrario: una república federal ibérica; por lo tanto diría que no si me preguntasen. Pero me considero un demócrata, y un demócrata no sólo debe respetar o hacer que se respeten las leyes, sino procurar que todos tengan la oportunidad de pronunciarse sobre si se encuentran a gusto dentro de una determinada ordenación territorial. Y si para ello hay que cambiar la Constitución, pues se cambia. Yo soy firme partidario de la unidad política de España, pero ello no es algo sagrado y hubo otros tiempos en que no existía tal unidad, y debo oír a los que no están de acuerdo conmigo y procurar que se manifiesten y decidan. Reconozco que, aunque no voté la Constitución, hay unas leyes que, gusten más o menos, hay que respetarlas, y eso no lo está haciendo el parlament catalán en estos momentos. No les justifico, pero el argumento de que no se les deja otra vía es digno de tener en cuenta. Otra cosa es que saben que no las tienen todas consigo, y que, hoy por hoy, la relación de fuerzas políticas del parlament no presenta una mayoría decididamente secesionista, si sumamos votos y no escaños. Pero eso hay que comprobarlo, y sólo se comprueba si se pregunta. Para conseguir sus objetivos están esquivando la legalidad y esa ilegalidad les hace incurrir en responsabilidades, no sólo ante los tribunales, sino ante los catalanes que también se consideran españoles, aunque muchos de éstos también son partidarios de la consulta. Dar fiabilidad a un referéndum en el que, si se produce, muchos no podrán votar y muchos no querrán hacerlo por su ilegalidad, es malicia por parte de los promotores, porque un referéndum es fiable cuando no hay trabas para su celebración. Por otra parte se podría pensar que algunos de los promotores de la consulta han huido hacia adelante en su afán de tapar y eludir a la justicia por casos de presunta corrupción, a lo que los que no son presuntos corruptos pero van en el mismo barco podrían argüir que “pueden ser presuntos corruptos, pero son NUESTROS presuntos corruptos”
Que Rajoy ha creado más independentistas que nadie no es un chiste; es una realidad; y de seguir así, será imposible detenerla. Cuando, por la cerrazón de los gobernantes del estado y los partidos adláteres, se haya formado una mayoría cualificada de separatistas, ya no habrá forma de pararlo.
¿Por qué los partidos “estatalistas” no han sido capaces de detener el conflicto? ¿porque son torpes? ¿porque no son buenos demócratas? ¿porque son unos interesados? Pues por los tres motivos:
Son torpes porque en su momento podían haber callado la boca durante muchos años a los secesionistas si hubieran arbitrado las formas de realizar la consulta, a estas horas se hubiera solucionado el problema.
Son poco demócratas porque ser demócrata no es solo aplicar la ley, sino escuchar a todos, permitir que todo el mundo se exprese y modificar la ley para ello. Una buena democracia, que no se da en España, requiere apoyarse en dos pilares fundamentales: La formación y la información. De la primera basta citar la frase de “yo no quiero saber nada de política, pero entiendo y me interesa mucho el fútbol” o “todos los políticos son iguales”. En cuanto a la información… ¿qué medio es realmente independiente ideológica y/o económicamente? ¿Qué plataformas hay que lleguen a la mayoría y que permitan realmente a los ciudadanos expresarse con absoluta libertad? ¿Qué medio va a querer o me va a poder publicar este artículo? (no, probablemente no me lo publiquen, pero porque sea muy malo)
Son interesados porque con su actitud consiguen lo que desean: recabar votos de los ciudadanos del resto del estado para poder seguir ocupando el poder a nivel central. Muchos presidentes de gobierno y de comunidades autónomas utilizan el discurso igualitario (anticatalanista en el fondo) para conseguir sus votos. Esto lo hacen todos los partidos mayoritarios, PP y PSOE sin excepción.
Para solucionar este atolladero, los separatistas tienen que aceptar la legalidad vigente y retirar su propuesta de referéndum ilegal. Y los poderes del estado deben iniciar una larga campaña de formación y de información que convenza a los españoles de que la única manera de convivir es cuando se quiere convivir, y que no se puede hacer si el convecino no lo desea. Después de este largo periodo (largo porque una modificación así necesita algo más que una simple campaña electoral, no por dilatar artificiosamente el proceso), se articularán las modificaciones legales para determinar en su caso, sin ningún género de dudas, la voluntad de un colectivo de seguir o no participando en la estructura del estado. Y garantizar que esa decisión no pueda ser reversible por haberse tomado en caliente. No es tan difícil. Lo difícil es aceptar democráticamente estos principios.